servicios de prevención y salud

Conforme al Decreto 127/014 (y modificaciones) las empresas en Uruguay deben disponer de un Servicio de Prevención y Salud en el trabajo. Esta normativa rige tanto en el ámbito público como privado, independientemente de su rama de actividad, y para sociedades que tengan o no fines de lucro.

Este Servicio de Prevención y Salud deberá velar por un ambiente de trabajo seguro y sano al interior de la empresa, que promueva relaciones laborales óptimas para la salud física y mental del trabajador.

Dentro de las funciones que le asigna la normativa está la identificación y evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, instaurar primeros auxilios en la empresa, y contar con instancias de análisis y evaluación de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Para las empresas con más de 300 trabajadores, el servicio deberá contar dentro de sus integrantes con un médico especialista en salud ocupacional y otro profesional calificado (técnico en prevención de riesgos, técnico en salud ocupacional, tecnólogo prevencionista, ingeniero tecnólogo prevencionista, licenciado en seguridad y salud ocupacional). Además, el grupo de trabajo puede ser complementado con otros especialistas del área de la salud y seguridad laboral como psicólogos y enfermeras.

En el caso de empresas entre 50 y 300 trabajadores, los requisitos del equipo de trabajo son los mismos, pudiendo contratar servicios externos. La intervención debe ser de carácter trimestral al menos. En los casos de empresas entre 5 y 50 trabajadores, también pueden tener un servicio externo con un mínimo de intervención semestral.

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Este régimen normativo ya existe para empresas con más de 300 trabajadores. En el caso de empresas entre 150 y 300 trabajadores, las exigencias comenzaron a regir el 1 de noviembre. Para las empresas entre 50 y 150 trabajadores la normativa se aplazó por 6 meses (mayo) y para las empresas entre 5 y 50 trabajadores, el plazo se extiende por un año, es decir para el 1 de noviembre de 2022.

El no cumplimiento de la normativa, faculta a la autoridad fiscalizadora (Inspección General del Trabajo) a establecer multas y sanciones, y eventualmente la clausura del establecimiento. Además, el empleador se arriesga a que se le aplique la Ley 19.196 de responsabilidad penal por su culpabilidad ante un accidente laboral.


Publicado el 11-2021 por Englobally Latinoamérica