Ciudad de Panamá

Tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (ley 81) el 29 de marzo de 2021 y la promulgación del Decreto Ejecutivo que la reglamenta, un par de meses después, el 28 de mayo, Panamá actualiza el marco jurídico que regula la protección de datos personales en manos de terceros, tanto del sector público como privado, con tal de evitar usos que vulneren la privacidad de las personas y, más grave aún, la exponen a ser víctimas de fraudes, estafas y suplantación de identidad.

El marco de la nueva normativa será aplicable a las bases de datos y a los responsables del tratamiento de datos que se encuentren en territorio panameño. Esto determina que las entidades tanto públicas como privadas deben realizar adecuaciones al manejo de datos personales de sus clientes que realizan ellas mismas o sus proveedores tecnológicos para cumplir con una correcta implementación y ejecución de la nueva Ley 81 de protección de datos.

La normativa establece derechos, obligaciones y procedimientos para el resguardo de los datos personales, los que son propiedad de su titular y, por lo tanto, su uso debe ser consentido de forma expresa por este, con conocimiento del alcance de su uso, mantención, intercambio y tratamiento, con excepciones que establece la ley para entes regulados por leyes específicas.

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Para ello, la recomendación de los especialistas es documentar el consentimiento (autorización) que reciban de los titulares, recabar solo la información que sea relevante para los fines solicitados, y tener sistema de trazabilidad y seguridad de la data.

Las personas pueden hacer una denuncia o queja anta la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra quien vulnere la transferencia de datos, ya sea este el responsable del tratamiento de los datos personales y/o el custodio. La ley 81 establece sanciones leves, graves y muy graves, que parten el los USD 1.000 y llegan a los USD 10.000, bajo criterios que consideran la intencionalidad, reiteración, naturaleza y cuantía de los perjuicios causados. Además, el Decreto Ejecutivo 285 establece prescripciones para la acción y la sanción, dependiendo de la gravedad de la infracción.

También la normativa panameña consagra el derecho a la rectificación de la información que es incorrecta y a la cancelación, con algunas excepciones establecidas en la ley, cuando el titular estime que ya no son necesarios los datos para los fines solicitados o simplemente haya decido retirar su consentimiento o estos hayan sido obtenidos de manera ilícita.

La ley establece que la ANTAI es el órgano rector en estas materias a través de la Dirección de Protección de Datos Personales, entidad que esta mandatada a recibir consultas y denuncias. En los casos relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones, contará con el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

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Publicado el 07-2021 por Englobally Latinoamérica