A principios de este mes, el 5 de Diciembre, de parte de los ministros de Finanzas de los países miembros de la Unión Europea, fue aprobada por primera vez la lista de países que no cooperan en asuntos tributarios.
El principal objetivo de este novedoso trato es mejorar el nivel de correcta gobernanza fiscal y prevenir los abusos fiscales a gran escala.
La lista actual está compuesta de 17 países y territorios, pero no es la final. Se están observando otros 47 territorios que deben cumplir los reglamentos propuestos por la UE para evitar su inclusión en la misma.
La creación y mantención de la lista es un proceso dinámico que continuará en los próximos años, e incluye propuestas para los países nombrados con las medidas que se pueden llevar a cabo para ser excluidos de la misma. La revisión y actualización se hará anualmente.
✔ Los criterios definidos para la actualización de la lista serán:
- Transparencia fiscal que incluye el compromiso de realizar el procedimiento legislativo sobre la norma de intercambio automático de información de la OCDE o aplicar el Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE;
- Equidad fiscal: compromiso de no aplicar medidas fiscales perjudiciales o no facilitar mecanismos extraterritoriales destinados a atraer beneficios carentes de actividad económica real en el territorio en cuestión;
- Como también la aplicación de medidas consideradas como criterios mínimos de la OCDE, contra la erosión de la base imponible y transferencia de beneficios.
✔ Los países integrantes en la lista publicada este 5 de Diciembre son Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, República de Corea, RAE de Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palaos, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.
✔ El mayor logro del proceso de la lista de la UE son los compromisos concretos de parte de muchos, presentando un auténtico mecanismo de presión hacia los territorios incluidos para mejorar su conducta fiscal. Al no recibir la respuesta a los reglamentos dictados, se aplicaran restricciones en la canalización de fondos de ayuda de parte de la UE, se solicitaran requisitos de información más severos a las multinacionales con actividades en países incluidos en la lista y se adoptaran varias medidas sancionadoras a nivel estatal contra dichas jurisdicciones.