El año 2025 marca una etapa clave para la gestión de precios de transferencia (PT) en América Latina, especialmente en Brasil, Colombia y Uruguay, donde convergen reformas regulatorias, alineación internacional y un creciente escrutinio fiscal. A continuación se exponen los cambios normativos recientes y las principales tendencias a tener en consideración.
Brasil: Alineamiento integral con OECD y nuevos desafíos operativos
Transformación normativa:
La gran novedad en Brasil es la entrada en vigor de la Ley 14.596/2023, que hace plenamente obligatoria –desde el 1 de enero de 2024– la aplicación de normas de PT alineadas con las Directrices de la OECD, dejando atrás el antiguo sistema de márgenes fijos y métodos previos propios.
Puntos clave de la reforma:
- Principio de plena competencia: El nuevo régimen exige que las transacciones entre partes vinculadas reflejen condiciones de mercado (arm’s length), abarcando tanto bienes, servicios, intangibles y también intereses de préstamos.
- Nuevos métodos: Incorporación de métodos reconocidos internacionalmente, como Precio Independiente Comparable, Precio de Reventa y otros.
- Documentación fortalecida: Se exige registro y reporte de contratos intercompañía, análisis económico robusto y justificación detallada de la selección de métodos.
- Especial atención a commodities: Las transacciones de exportación e importación de commodities requieren un análisis detallado de precios y transparencia para cada operación y contrato, incluso para acuerdos de largo plazo, debiéndose demostrar que las condiciones contractuales se ajustan a las prácticas de mercado en la fecha de su suscripción.[5]
- Plazos y obligaciones: El Global File y Local File deben presentarse a fin de año (diciembre 2025 para operaciones de 2024).
Implicancias prácticas:
Las empresas multinacionales deben adaptar modelos, procesos y sistemas internos, revisando cuidadosamente operaciones con intangibles, servicios de alto valor y transacciones de commodities. El aumento de auditorías y la incertidumbre regulatoria hacen indispensable el refuerzo de la defensa técnica documental y la consulta con expertos.
Colombia: Madurez en la regulación y enfoque en nuevas obligaciones
Estabilidad con ajustes:
Colombia cuenta con normativa de PT desde 2002, integrada al Estatuto Tributario y alineada según estándares OCDE y las acciones BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). A 2025, el cumplimiento se ha sofisticado, con mayores obligaciones documentales y enfoques analíticos avanzados.
Aspectos clave:
- Aplicabilidad: El régimen de PT aplica a contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen operaciones con vinculados extranjeros o desde y hacia zonas francas, no así para transacciones estrictamente locales.
- Requerimientos:
- Declaración informativa para quienes superen límites patrimoniales o ingresos (100,000 y 61,000 UVTs respectivamente).
- Estudio local y Maestro (“Local File”, “Master File”) con descripción detallada de funciones, riesgos, activos, análisis comparativo y económico. Para el informe local, se debe superar por tipo de operación 45000 UVT y para el caso de operaciones de egresos que se hayan tomado como costo o deducción en la renta del 2024 o en periodos posteriores. Respecto al informe maestro, se debe cumplir con dos condiciones: por un lado que el contribuyente deba presentar el informe local y además pertenecer a un grupo multinacional
- Reporte país por país para multinacionales con ingresos globales mayores a 81 millones de UVT.
- Selección de métodos: Flexibilidad para elegir el método más apto según naturaleza de la operación, con una clara preferencia por fundamentar económica y funcionalmente cada selección.
- Fiscalización: Incremento notorio del control tributario y de la revisión de documentación, centrado especialmente en operaciones con intangibles, servicios intra-grupo y reestructuraciones empresariales. Especial énfasis asociado al cruce con otras obligaciones como información exógena y declaraciones de retención en la fuente, en sectores como el automotor, químicos, farmacéutico y prestadores de servicios
Tendencias 2025:
La DIAN fomenta la alineación estricta con la substancia económica, impulsa la transparencia y refuerza la cooperación internacional en la fiscalización de precios de transferencia.
Uruguay: Consolidación normativa y refuerzo documental
Regulación robusta:
Uruguay adoptó régimen formal de PT desde 2007, profundizándose con cambios relevantes en 2017 en línea con el plan BEPS (Acción 13 de la OECD). En 2025, el énfasis sigue puesto en la documentación, control y reporte oportuno.
Elementos distintivos:
- Principio de plena competencia: Toda operación con vinculados del exterior o residentes en países de baja tributación debe ajustarse a condiciones de mercado.
- Métodos autorizados: Se reconocen cinco metodologías (Precio Comparable, Precio de Reventa, Costo más Beneficio, División de Ganancias, Margen Neto de Transacción).
- Obligaciones de documentación:
- Informe local, Informe maestro y Reporte país por país para grandes contribuyentes y quienes superen UI 50,000,000 en operaciones vinculadas.
- Declaración jurada y presentación de documentación en los plazos fijados por la DGI (a los 9 meses del cierre fiscal).
- Fiscalización: Tendencia a mayor control sobre operaciones con países “offshore”, servicios intangibles y uso abusivo de zonas francas.
Foco actual:
Se espera para 2025 el ajuste continuo de la normativa uruguaya para una mayor convergencia internacional y la sofisticación de las herramientas de análisis económico y funcional.
Conclusiones y recomendaciones
- Alineamiento internacional: Los tres países consolidan o profundizan la integración de sus normas a los principios de la OECD, impulsando transparencia y equidad tributaria.