El 8 de julio de 2023 se promulgó y entró en vigencia la Ley 31823, la cual modifica el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de cárcel por el delito de apropiación ilícita por la retención y no pago de aportes previsionales de trabajadores, destinados a sus fondos de pensiones.
Esta modificación de la normativa instaura penas privativas de libertad para quien se apropie, desvié o disponga indebidamente los aportes previsionales de un trabajador. Los agentes del sector privado arriesgan penas de cárcel entre dos y cuatro años. En tanto, para los agentes del sector público la sanción es entre tres y seis años. Además, la normativa instituye a la persona la inhabilidad para trabajar en el Estado.
Debido a esta nueva normativa, pasa a ser muy relevante tener una asesoría idónea que garantice el cumplimiento tributario y legal. Se deben implementar las medidas de control adecuadas para verificar la retención de los aportes y su pago, de modo de evitar responsabilidades penales.
Cabe recordar que esta iniciativa legal viene a subsanar el problema de deuda del sistema privado de pensiones, el cual a marzo de 2023 adeudaba los S/34.239 millones entre empleadores públicos y privados.