Argentina, como todos los países en Latinoamérica, ha sufrido una fuerte caída en su economía debido a la crisis sanitaria a causa del coronavirus. El gobierno de Alberto Fernández ha tenido que estimular medidas que mitiguen la caída de puestos de trabajo, así como el cierre de compañías.

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió al coronavirus como pandemia, la sugerencia de quedarse en casa obligó a las empresas a destinar a esa modalidad a todo el personal que por las características de su labor pudiera hacerlo.

La normativa argentina no contempla el teletrabajo en su orden jurídico como tal, más bien una serie de leyes laborales abarcan la actividad, donde la principal es la Ley de Contrato de Trabajo (LCT Ley 20.744 del año 1976) y el marco regulatorio (Ley N°25.800), que corrobora el convenio Nº177 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Ante esta realidad, el gobierno argentino está proponiendo un proyecto de ley que regule el teletrabajo, definiéndolo y fijando los requisitos y condiciones mínimas para su implementación, como habilitación de un lugar para trabajar a distancia, regulación de la jornada laboral pactada por escrito, impedimento de conexión fuera del horario laboral pactado y en período de licencias.

“El proyecto de ley contempla una cláusula de reversibilidad, la que daría la posibilidad a un trabajador de volver a desempeñar labores de manera presencial, ya el texto solo faculta al trabajador a rescindir su consentimiento para trabajo remoto. Esta parte del proyecto ha sido criticada por algunos especialistas en derecho laboral, ya que vulnera los artículos 64 y 64 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dispone que las potestades de organización y dirección de la empresa le corresponde al empleador”, comenta Darío Díaz, director de Englobally Argentina.

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La Ley de Teletrabajo que presentó el ejecutivo, que consta de 20 artículos, también aborda en su artículo la voluntariedad, donde señala que el cambio de quien trabaja en un puesto presencial a la modalidad trabajo remoto, salvo en casos acreditados de fuerza mayor, debe ser voluntario y establecido por escrito.
El mismo proyecto establece un plazo de tres meses (90 días) para la entrada en vigor de la normativa a continuación del término de la etapa de vigencia del régimen excepcional, tomada por el ejecutivo, de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En otras medidas para paliar el efecto que ha tenido la pandemia, el gobierno argentino dispuso el aplazamiento o disminución del pago de las contribuciones de los empleadores al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) por hasta el 95%; un salario de complemento con cargo estatal para los empleados en trato de dependencia en el sector privado; crédito a tasa cero para trabajadores autónomos; y prestación económica por desempleo con un piso mínimo de AR$ 6.000 y un máximo de AR$ 10.000.
Empresas de todos los tamaños, en especial la micro, pequeñas y medianas empresas, han debido enfrentar momentos difíciles a raíz de la pandemia. La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ha adoptado medidas para ir en su auxilio a través de extender el vencimiento de adhesión a la Moratoria 2020 hasta el 31 de julio, permitiendo regularizar compromisos impositivos, tanto de seguridad social y como aduaneras.

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Medidas para la post pandemia

Reactivar la economía y generar empleo son las metas que se ha propuesto el gobierno argentino con el paquete de 60 medidas para enfrentar la post pandemia.
Esto incluye ayuda de integral a comercios, empresas, pymes, autónomos y monotributistas, orientado a dar facilidades a quienes tengan deudas impositivas o planes de restructuración.

Para impulsar el consumo de bienes, se evalúa reponer el plan Ahora 18, para hacer compras en 18 cuotas, e incentivar el ingreso de capitales que se localizan en el extranjero y que tengan un fin de inversión productiva concreta.

Una nueva prolongación, por tercera vez, del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el plan de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) están incluidos también en el plan económico de reactivación. En el caso del ATP, este se extenderá, hasta fin de año, a las compañías de hasta 600 empleados y con facturación negativa en los últimos 12 meses, a junio de 2020.


Publicado el 08-2020 por Englobally Latinoamérica